Falta de consentimiento informado: sentencia 1502/2026 del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, de 24 de septiembre de 2026.

Falta de consentimiento informado: el Supremo indemniza aunque la operación fuera correcta

Si usted firmó un papel antes de una intervención, es probable que diera por hecho que el consentimiento informado estaba en regla. No siempre es así. La falta de consentimiento informado tiene consecuencias económicas aunque la operación salga técnicamente bien, y el 24 de septiembre de 2026 la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo lo dejó claro: condenó a un urólogo a indemnizar a su paciente con 24.000 euros pese a declarar expresamente que no hubo mala praxis en la técnica empleada. El reproche fue otro. Le ocultó un dato que podía haber cambiado su decisión.

Es una resolución importante para cualquier persona que haya sufrido un daño tras una operación y le hayan dicho que «todo se hizo bien» y que «usted firmó».

Qué ocurrió: un cáncer de próstata y una técnica «novedosa»

A finales de 2012, un hombre de 68 años recibió un diagnóstico de adenocarcinoma de próstata (Gleason 7) y acudió a la consulta privada de un urólogo. El médico le explicó las alternativas disponibles: cirugía abierta, laparoscópica o robótica, radioterapia externa, braquiterapia, crioterapia y vigilancia sin tratamiento. Y le propuso una opción que presentó como puntera: el HIFU, ultrasonidos focalizados de alta intensidad.

El paciente aceptó y firmó el consentimiento. La intervención se practicó en enero de 2013. A partir de ahí, el cuadro se complicó: seis retenciones urinarias agudas, tres infecciones urinarias, una resección transuretral de limpieza, una uretrotomía, una uretroplastia practicada por otro cirujano, una incontinencia grave que obligó a implantarle un esfínter artificial y, finalmente, una recidiva bioquímica del tumor que hubo de tratarse con radioterapia.

Reclamó 116.000 euros. El Juzgado de Primera Instancia n.º 55 de Madrid desestimó la demanda. La Audiencia Provincial de Madrid (Sección 18.ª) hizo algo llamativo: reconoció que el carácter experimental de la técnica «debió ser puesto en conocimiento de la parte actora», pero no extrajo de ello ninguna consecuencia económica. Solo le quitó las costas.

El dato que faltaba: dónde empieza la falta de consentimiento informado

Aquí está el núcleo del asunto. En 2013, la guía clínica de la Asociación Europea de Urología consideraba el HIFU una terapia experimental mínimamente invasiva emergente, de la que se desconocía la supervivencia a largo plazo. Para un paciente como él, con una expectativa de vida superior a diez años, la recomendación era la prostatectomía radical o la radioterapia.

Ese dato no se le dio. En palabras del Tribunal Supremo, «se le hurtó al demandante un dato trascendente a la hora de tomar su decisión».

La Sala recuerda que el consentimiento informado no es una formalidad burocrática. Es una exigencia que nace de los artículos 4, 8 y 10 de la Ley 41/2002, de autonomía del paciente, del artículo 5 del Convenio de Oviedo y, en última instancia, de los artículos 10 y 15 de la Constitución.

«El consentimiento informado constituye el salvoconducto que permite al médico tratante superar la barrera de la integridad física de su paciente.»

El Supremo lleva años repitiendo que el consentimiento informado es presupuesto y elemento integrante de la lex artis. Dicho de otro modo: una operación impecablemente ejecutada puede seguir generando responsabilidad si el paciente no pudo decidir con toda la información relevante en la mano. Eso es, en términos jurídicos, una falta de consentimiento informado.

La clave: la pérdida de oportunidad

Nadie puede saber qué habría decidido aquel paciente si le hubieran contado que la técnica era experimental. El Supremo lo llama «un condicional contrafáctico». Pero sí afirma que perdió una oportunidad que «no era mínima o de despreciable consideración, sino probabilísticamente consistente».

La Sala distingue tres escenarios:

  1. Si hay certeza de que el paciente habría rechazado la intervención, la indemnización se identifica con todo el daño corporal sufrido.
  2. Si hay certeza de que la habría aceptado igualmente, no procede indemnización por esta vía.
  3. En la franja intermedia —la más frecuente en la práctica— se aplica la doctrina de la pérdida de oportunidad y se indemniza un porcentaje.

Para fijar ese porcentaje, la sentencia remite a los criterios de la STS 374/2026, de 10 de marzo: si se trata de medicina voluntaria o necesaria, la gravedad de los riesgos no advertidos que acabaron materializándose, las alternativas terapéuticas existentes, el cuadro clínico y la calidad de vida del paciente, o la posibilidad de haber buscado una segunda opinión.

Cómo se calcula la indemnización (y por qué aquí fueron 24.000 euros)

Esta parte de la sentencia es muy útil, porque enseña el método.

El Supremo acude al baremo de tráfico —el texto refundido aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2004, reformado por la Ley 35/2015— con carácter orientativo. Es la misma herramienta de valoración que empleamos en las reclamaciones por accidente de circulación. Para la incontinencia permanente, el baremo asigna entre 30 y 40 puntos; 30 puntos equivalían, a la fecha de la demanda, a 38.249,07 euros.

Como no se aportó pericial de valoración del daño, la Sala calcula «prudencialmente» un daño total de unos 60.000 euros, «en defecto de pruebas más precisas que debieron ser facilitadas por la parte actora». Sobre esa base aplica una pérdida de oportunidad del 40 por ciento. Resultado: 24.000 euros.

Y un detalle que duele: como en el suplico de la demanda no se pidieron los intereses legales de demora, solo se devengan los del artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil desde la fecha de la sentencia. Nueve años de procedimiento sin intereses.

Tres lecciones prácticas si sospecha una falta de consentimiento informado

  1. Firmar el consentimiento no cierra la puerta. Lo decisivo no es el papel, sino qué información consta en él y qué se le explicó realmente. La omisión de un solo dato relevante basta para que exista falta de consentimiento informado.
  2. No basta con tener razón: hay que cuantificar y probar. Se pidieron 116.000 euros y se obtuvieron 24.000. El propio Supremo señala que faltaron pruebas que debió aportar la parte demandante. Un informe pericial que valore las secuelas conforme al baremo no es un lujo: es la diferencia entre una cifra fundada y una estimación a la baja. Por eso importa tanto contar con un abogado especializado desde el primer día.
  3. El suplico de la demanda importa tanto como los hechos. Lo que no se pide, no se concede.

Qué plazos tiene para reclamar

Si la asistencia se prestó en la sanidad privada, la acción de responsabilidad contractual frente al médico o la clínica prescribe a los cinco años (artículo 1964.2 del Código Civil); la extracontractual, al año (artículo 1968.2). El cómputo no arranca el día de la operación, sino cuando se conoce el alcance definitivo de las secuelas.

Si la asistencia fue pública, el camino es la reclamación de responsabilidad patrimonial ante la Administración, con un plazo de un año desde la curación o la determinación del alcance de las secuelas (artículo 67.1 de la Ley 39/2015).

Son plazos cortos. Conviene no apurarlos.

Si cree que hubo falta de consentimiento informado en su caso

Revisar un caso de falta de consentimiento informado exige dos cosas: leer la historia clínica completa y el documento de consentimiento, y contrastarlos con lo que las guías clínicas vigentes en aquel momento recomendaban. Es exactamente el trabajo que hacemos en los expedientes de negligencias médicas.

Si se reconoce en esta situación, puede contarnos su caso sin compromiso a través del formulario de contacto. Estudiaremos la documentación y le diremos con franqueza si tiene o no recorrido.


Iván Muñoz Flores · Abogado, colegiado ICAG 3565. Socio director de MF Advocats, despacho especializado en responsabilidad civil y seguro con oficinas en Girona y Blanes. Vocal por Cataluña en la junta directiva de ANAVA-RC y miembro de ADEVI, ADAVIAC y de la Asociación Española de Abogados Especializados en Responsabilidad Civil y Seguro. Representa exclusivamente a víctimas de accidentes; nunca a compañías aseguradoras.

Resolución comentada: Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, n.º 1502/2026, de 24 de septiembre de 2026. Recurso de casación n.º 1419/2022. Ponente: Excmo. Sr. D. José Luis Seoane Spiegelberg. ECLI:ES:TS:2026:3923 · ROJ: STS 3923/2026.

Texto íntegro en el CENDOJ: poderjudicial.es

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